En un contexto de cambio climático acelerado y biodiversidad en declive, la pérdida de humedales ha alcanzado niveles alarmantes, con un 22% de su superficie mundial evaporada en solo medio siglo, según informes globales. Esta degradación no solo amenaza ecosistemas vitales, sino que impone costos billonarios a la economía planetaria, superando los 5.1 billones de dólares desde 1975. En el marco del Día Mundial de los Humedales, celebrado este 2 de febrero, expertos urgen acciones inmediatas para restaurar estos pulmones acuáticos que filtran contaminantes, almacenan carbono y protegen contra inundaciones.
La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar en 1971, marca el origen de esta efeméride anual, respaldada por la ONU desde 2021, que busca visibilizar ecosistemas como pantanos, marismas, turberas y manglares. Estos espacios, que cubren transiciones entre tierra y agua, sostienen más del 40% de las especies animales y vegetales del planeta y proporcionan sustento a mil millones de personas. Sin embargo, desde 1970, al menos 400 millones de hectáreas han desaparecido, con una tasa anual de declive del 0.52%. Los humedales continentales, como lagos y pantanos, sufren las mayores pérdidas, mientras que bosques de algas y estuarios enfrentan ritmos acelerados de degradación.
En Argentina, la situación es particularmente crítica: los humedales ocupan una superficie estimada entre 277.000 y 600.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a entre el 10% y el 21,5% del territorio nacional, según diversos estudios. Estos ecosistemas incluyen regiones emblemáticas como el Delta del Paraná, los Esteros del Iberá y lagunas altoandinas, y el país cuenta con 23 sitios Ramsar designados, que abarcan más de 5,7 millones de hectáreas distribuidas en 17 provincias. Sin embargo, la pérdida es alarmante; solo en 2020, se estima que desaparecieron más de 350.000 hectáreas debido a incendios, deforestación y actividades humanas, acelerando una tendencia global donde el 35% de los humedales ha vanished desde 1970. Si las tendencias actuales persisten, hasta el 20% de los humedales restantes podrían extinguirse para 2050, exacerbando problemas locales como inundaciones en Buenos Aires y sequías en el norte.
Las causas son mayoritariamente humanas: urbanización, agricultura intensiva, contaminación industrial y desarrollo de infraestructuras. En América Latina, estos factores agravan el problema, generando efectos en cascada como la reducción de agua dulce disponible, inestabilidad climática y erosión de la biodiversidad. Imagínese: estos ecosistemas filtran impurezas, actúan como barreras naturales contra tormentas y almacenan hasta el 30% del carbono terrestre en turberas. Su destrucción libera emisiones masivas, exacerbando el calentamiento global y afectando directamente a países menos desarrollados, donde el impacto económico es más devastador.
En este escenario, la Ley de Humedales en Argentina emerge como una herramienta esencial, pero aún pendiente. El proyecto, con más de una década de debate en el Congreso, ha recibido media sanción en el Senado en 2013 y 2016, pero nunca fue aprobado en Diputados. El texto unificado de 2022, resultado de un proceso participativo con expertos, organizaciones y legisladores, busca establecer presupuestos mínimos para la conservación, uso sostenible y restauración de estos ecosistemas, penalizando acciones como incendios intencionales y regulando sustancias contaminantes. A pesar de reclamos populares y el deterioro acelerado –como los incendios en el Delta del Paraná–, la ley permanece "cajoneada" en 2026, mientras provincias como Misiones han avanzado con normativas propias desde 2022. Ambientalistas insisten en su aprobación urgente para proteger estos reservorios vitales, que enfrentan presiones de minería, ganadería y urbanización.
Económicamente, el panorama es sombrío. La pérdida acumulada de servicios ecosistémicos –como el filtrado de agua, la minimización de inundaciones y el soporte a la pesca– asciende a 5.1 billones de dólares internacionales desde 1975. Si se gestionaran de manera sostenible, los 1.400 millones de hectáreas restantes podrían generar hasta 39 billones de dólares anuales en beneficios. Pero un retraso de apenas 10 años en acciones de conservación duplicaría los costos, según el informe Perspectiva Mundial de los Humedales 2025. Esta cifra no es abstracta: impacta en turismo, agricultura y salud humana, donde la degradación simplifica los ecosistemas y elimina especies únicas.
¿Cómo revertir esta tendencia? Expertos recomiendan medidas concretas: evitar tirar basura en zonas húmedas, respetar regulaciones de pesca, practicar turismo responsable y denunciar vertidos ilegales. A nivel global, se insta a integrar restauración en políticas agrícolas y urbanas, aumentar financiamiento y promover subvenciones positivas. El lema de campañas recientes, como “Revitalizar y restaurar los humedales degradados”, enfatiza la acción comunitaria y política. Sin voluntad política firme y apoyo público, el futuro de estos vitales reservorios de vida pende de un hilo, especialmente en Argentina donde la ausencia de una ley nacional agrava la vulnerabilidad.
En un mundo donde el cambio climático no da tregua, proteger los humedales no es una opción, sino una urgencia. Cada hectárea restaurada significa menos emisiones, más biodiversidad y economías más resilientes. ¿Estamos dispuestos a actuar antes de que sea demasiado tarde?
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