En un fallo que prioriza la salud pública y el derecho a un ambiente sano, la Cámara Federal de La Plata rechazó la apelación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y confirmó una medida cautelar para mitigar los graves desbordes cloacales en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Esta decisión judicial, clave en temas de contaminación ambiental y saneamiento cloacal deficiente, obliga a intervenciones inmediatas ante riesgos sanitarios que afectan a miles de familias en barrios vulnerables.
Los vecinos de barrios como Diego Armando Maradona, Dos de Mayo, Tres de Enero, Primero de Octubre y Libertad de Campo Unamuno han padecido durante años un calvario ambiental: pozos ciegos colapsados, acumulación de líquidos servidos en calles y hogares, proliferación de roedores e insectos, y focos infecciosos que amenazan especialmente a niños, ancianos y personas con enfermedades preexistentes. A pesar de reclamos administrativos infructuosos, el 29 de diciembre de 2025, un grupo de residentes presentó un amparo ambiental colectivo ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora, demandando al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Lomas de Zamora y ACUMAR por la falta de acceso regularizado al servicio de saneamiento cloacal.
Al día siguiente, el juez federal Juan Pablo Augé dictó una cautelar "innovativa" que ordena a ACUMAR proporcionar un camión atmosférico para dos desagotes semanales con dos descargas diarias, y un camión desobstructor con frecuencia semanal. En caso de limitaciones presupuestarias, los costos recaen solidariamente en el Estado Nacional. Esta medida busca frenar de inmediato las consecuencias nocivas para la salud, reconociendo la urgencia del problema.
ACUMAR apeló la decisión, argumentando que altera su rol coordinador y afecta el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, invocando incluso el histórico fallo Mendoza de la Corte Suprema de 2008. Sin embargo, la Sala de Feria de la Cámara Federal de La Plata, integrada por los jueces César Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo, rechazó la queja el 24 de enero de 2026. Los camaristas enfatizaron que suspender la cautelar "desnaturalizaría los fines del amparo" y podría significar el "desmantelamiento de la protección jurídica" garantizada por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Así, la orden permanece vigente, priorizando la tutela inmediata de derechos a la salud, el ambiente sano y condiciones de vida dignas.
Esta resolución no solo representa un triunfo para los vecinos, representados por defensores públicos, sino que subraya la responsabilidad de las autoridades en resolver problemas estructurales de infraestructura cloacal. ACUMAR ya inició acciones transitorias en coordinación con AySA, incluyendo desobstrucciones en puntos críticos y monitoreo, pero insiste en que la obligación principal recae en el municipio y la provincia. Mientras se resuelve el fondo del amparo, la cautelar asegura un alivio provisional, aunque los residentes exigen soluciones definitivas para erradicar esta crisis sanitaria crónica.
El caso expone las falencias en el saneamiento del conurbano sur, donde la contaminación del Riachuelo agrava vulnerabilidades sociales. Expertos advierten que, sin inversiones urgentes, episodios similares podrían multiplicarse, afectando a más comunidades. Esta decisión judicial podría sentar precedente para otros reclamos ambientales en la región, impulsando debates sobre políticas públicas inclusivas y responsabilidad estatal.
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