En un acto de solidaridad transfronteriza que paraliza el bullicioso comercio binacional, vecinos y organizaciones comunitarias de Salvador Mazza (Argentina) y San José de Pocitos (Bolivia) han declarado un paro fronterizo de 48 horas en rechazo a un megaproyecto de contaminación que vierte aguas residuales sin control en la Quebrada Internacional. La medida, que suspende toda actividad comercial en el puente internacional, surge ante la indiferencia de las autoridades y podría extenderse si no hay respuestas concretas. ¿Hasta dónde llegará esta crisis sanitaria binacional que envenena ríos y vidas?
El detonante es el nuevo sistema de alcantarillado en construcción del lado boliviano, un proyecto que –según denuncias– no solo falla en resolver el problema histórico de vertidos, sino que lo agrava al canalizar grandes volúmenes de desechos cloacales desde Yacuiba y otras zonas de Bolivia directamente hacia la quebrada compartida. "Este desagüe no se limita a Pocitos; está diseñado para recibir desechos de múltiples áreas, convirtiéndolo en un megaproyecto de contaminación binacional que solo perpetúa el desastre ambiental", advierten en un comunicado conjunto las comunidades afectadas.
La Quebrada Internacional, ese frágil hilo de agua que une –y divide– a las dos naciones, se ha convertido en un foco rojo de contaminación desde hace décadas. Históricamente, las aguas servidas de barrios como Obrero y Jardín en Yacuiba desembocan sin tratamiento alguno en su cauce, llegando hasta Salvador Mazza y contaminando suelos, agua potable y el ecosistema local. Este problema crónico ha generado bloqueos fronterizos previos, como el de mayo de 2023, cuando residentes de Pocitos cerraron el paso exigiendo la reactivación de un proyecto de alcantarillado paralizado por falta de fondos. En agosto de 2025, la tensión escaló con cortes por crisis en centros de salud bolivianos, donde la falta de médicos e insumos dejó a más de 20 mil personas sin atención adecuada, afectando directamente a la frontera. Ahora, el nuevo proyecto –bautizado como "Ampliación y Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario"– revive el fantasma: una planta de tratamiento paralizada desde hace meses agrava el vertido, y las denuncias apuntan a una ejecución "inviable sanitariamente y basada en la desinformación".
Las negociaciones con autoridades locales y provinciales están estancadas en un "cuarto intermedio" sin avances reales, según el comunicado. Las comunidades, representadas por asambleas vecinales y el Comité Cívico de Yacuiba, exigen paralización inmediata de las obras hasta una reevaluación técnica y una consulta ciudadana binacional que incluya voces de ambos lados de la frontera. Además, reclaman una solución sanitaria definitiva y sostenible, como una planta de tratamiento compartida que evite el impacto en el río. "Hacemos un llamado a la comprensión de los transportistas y comerciantes afectados: nuestra salud no se negocia", insisten los manifestantes, que también urgen la intervención de las Cancillerías argentina y boliviana para tratar esta emergencia de salud pública transfronteriza con la urgencia que merece.
El impacto es devastador. En Salvador Mazza, una ciudad de unos 30 mil habitantes dependiente del comercio con Bolivia, el paro frena el flujo de mercancías, camiones y turistas, con pérdidas estimadas en miles de dólares por hora. Del lado boliviano, en Pocitos y Barrio Nuevo –distritos con alta densidad poblacional–, la contaminación genera enfermedades infecciosas, problemas respiratorios y riesgos para el ganado, según reportes locales. Diputados salteños ya elevaron el reclamo a la Cancillería argentina en agosto, exigiendo "frenar urgente el vertido cloacal desde Bolivia", pero la respuesta ha sido tibia.
Sin embargo, no todo es unánime en Bolivia. Dirigentes de Pocitos y Barrio Nuevo, alineados con el gobierno local de Yacuiba, respaldan el proyecto como una "obra clave" para mejorar el saneamiento en el Distrito 1, argumentando que beneficiará a miles de familias al reducir vertidos improvisados. Esta división interna complica el diálogo, pero las comunidades unidas en la protesta ven en el paro una oportunidad para visibilizar el conflicto: "No es contra Bolivia, sino contra un modelo que prioriza la obra sobre la vida", explica un líder vecinal de Salvador Mazza, bajo anonimato por temor a represalias.
Mientras el puente permanece cerrado –con barricadas y vigilias pacíficas–, expertos ambientales advierten que la Quebrada Internacional podría colapsar como recurso hídrico si no se actúa ya. Organizaciones como Greenpeace y locales como la Asamblea por el Río Bermejo han ofrecido mediación, recordando que tratados binacionales como el de 1975 obligan a ambos países a proteger recursos compartidos. ¿Responderán las cancillerías? ¿O este paro será el primero de una serie que escalará a bloqueos indefinidos?
La frontera, símbolo de integración sudamericana, hoy clama por justicia ambiental. Las comunidades no cejarán hasta que el agua fluya limpia, no tóxica. El reloj corre: las 48 horas podrían ser solo el comienzo de una batalla por la supervivencia.
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