Sustentabilidad

El escándalo ocurre en San Martín. Una ordenanza aprobada por unanimidad, duerme hace 13 meses en un cajón. Un vacío legal permite que los imperios del metano y los residuos sigan devorando el último pulmón verde del conurbano. Mientras tanto miles de familias respiran veneno. Y los políticos hacen lo de siempre: mirar para otro lado. El CEAMSE factura anualmente más de 450.000 millones de pesos (unos 400 millones de dólares) por enterrar 18.000 toneladas diarias de basura de 46 municipios del AMBA. Cada camión que ingresa paga una tasa de $28.000 a $45.000, según categoría. Y el organismo retiene el 65% de esa recaudación. En 2024 el presupuesto ejecutado superó los $380.000 millones. Y para 2025 se proyectan $620.000 millones, con un aumento del 63% que nadie explica, mientras la reserva sigue sin un solo peso asignado.

En plena emergencia climática global, el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV), uno de los principales centros de monitoreo ecológico a largo plazo del sur de Europa, podría cerrar definitivamente en los próximos meses debido a la falta de financiación institucional. Científicos advierten que perder esta infraestructura sería un error histórico cuando más se necesita evidencia científica para gestionar sequías extremas, olas de calor y la desaparición progresiva de la nieve en las montañas mediterráneas. Actualizaciones recientes confirman que, a diciembre de 2025, el riesgo persiste tras un año de languidecimiento sin fondos, con expertos pronosticando su "muerte por abandono institucional" en 2026 si no hay intervención inmediata.

Lucía Klug, diputada cercana a Juan Grabois, impulsa gravamen a la ganadería bonaerense por emisiones de gases de efecto invernadero. Ruralistas lo califican de “impuesto encubierto” que amenaza producción, empleo y competitividad. Rechazo masivo de CARBAP y advertencia viral: “No reduce emisiones, reduce vacas”.

El miércoles pasado una alerta sacudió al mercado internacional de granos: el principal cliente mundial, China, decidió suspender las importaciones provenientes de cinco plantas procesadoras de soja brasileña luego de detectar rastros de contaminantes en los cargamentos. La decisión afectó a dos unidades de Cargill Inc., y además a instalaciones operadas por Louis Dreyfus Co., CHS Agronegócios y Tres Tentos Agroindustrial SA. El impacto de esta medida pone en jaque a un engranaje global que mueve decenas de miles de millones de dólares cada año, desnudando las tensiones entre demanda voraz, controles sanitarios exigentes y la fragilidad de las cadenas agro exportadoras.

Alarma roja en Rosario. Un fallo histórico de Casación Penal desarma la impunidad de Aguas Santafesinas SA (ASSA). Efluentes cloacales sin tratar, cargados de e. coli, plomo y níquel. Devoran el Paraná como un ácido corrosivo, costando 244 millones de dólares anuales en pesca colapsada y turismo agonizante para 2 millones de almas.

El satélite volvió a orbitar sobre el norte santiagueño con la precisión de un verdugo. Sus sensores térmicos, insensibles y exactos, marcaron otras 14.000 hectáreas arrancadas entre julio y septiembre. En lo que iba del año, la cifra ascendía a 45.000, un salto de 18 % respecto al mismo período de 2024 y el nivel más alto desde 2019. Pero esta vez, los números no caían solos como piedras mudas: traían nombres, sociedades, balances, accionistas, firmas, direcciones, dividendos. Un mapa económico del desmonte, valuado en más de 730 millones de dólares solo en 2025. Claro que los políticos de Santiago del Estero, no lo ven.

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