El escándalo ocurre en San Martín. Una ordenanza aprobada por unanimidad, duerme hace 13 meses en un cajón. Un vacío legal permite que los imperios del metano y los residuos sigan devorando el último pulmón verde del conurbano. Mientras tanto miles de familias respiran veneno. Y los políticos hacen lo de siempre: mirar para otro lado. El CEAMSE factura anualmente más de 450.000 millones de pesos (unos 400 millones de dólares) por enterrar 18.000 toneladas diarias de basura de 46 municipios del AMBA. Cada camión que ingresa paga una tasa de $28.000 a $45.000, según categoría. Y el organismo retiene el 65% de esa recaudación. En 2024 el presupuesto ejecutado superó los $380.000 millones. Y para 2025 se proyectan $620.000 millones, con un aumento del 63% que nadie explica, mientras la reserva sigue sin un solo peso asignado.
Los antiguos rellenos del Complejo Norte III emiten entre 3 y 29 toneladas de metano por hora, equivalente a las emisiones anuales de 1,2 millones de autos. Ese gas, 86 veces más potente que el CO₂ en 20 años, podría capturarse y generar energía para 350.000 hogares, pero el CEAMSE prefiere quemarlo a cielo abierto. El costo ambiental oculto: más de 11 millones de toneladas equivalentes de CO₂ al año solo en la cuenca Reconquista, según informes técnicos filtrados.
150 hectáreas robadas
Las 150 hectáreas expropiadas en 1976 por la dictadura tenían en 2024 un valor fiscal de $180.000 millones y un valor de mercado real que supera los $650.000 millones si se habilitaran para desarrollo inmobiliario o logístico. Ese es el verdadero botín que frena la convalidación de la ordenanza 340-D-2024: un camino costero de 6,8 km y 35 metros de ancho que vale $42.000 millones solo en tierra pública recuperada.
El Municipio de San Martín ejecutó en 2024 un presupuesto de $118.000 millones y destinó exactamente $0 a la reserva. En 2025 el presupuesto subió a $218.000 millones y nuevamente la reserva figura con partida cero. Ni un peso para guardaparques, ni un peso para cercos, ni un peso para el camino costero que costaría $28.000 millones y generaría 8.000 empleos verdes directos.
Un negocio intocable
Con Claudio “Chiqui” Tapia al mando desde enero 2025, el CEAMSE se convirtió en la caja política más blindada del conurbano. Solo en licitaciones de maquinaria y movimientos de suelo 2024-2025 se adjudicaron contratos por $92.000 millones, muchos de ellos a empresas vinculadas al mismo riñón político que cajonea la ordenanza.
En los barrios linderos, el 43% de los hogares vive bajo la línea de pobreza y el 18% de los niños presenta plomo en sangre por encima de los límites permitidos. Mientras, el CEAMSE paga sueldos promedio de $1.800.000 a sus 1.800 empleados directos y reparte $180.000 millones anuales en contratos.
Si San Martín recupera esas 150 hectáreas, González Catán (800 ha), Ensenada (450 ha) y José León Suárez (300 ha) podrían exigir lo mismo: más de 2.500 hectáreas y $3,2 billones en terrenos que hoy engordan el negocio de la basura eterna. Un metro cuadrado de humedal en el Reconquista filtra 1.500 litros de agua contaminada por día y secuestra 22 toneladas de carbono por hectárea al año. Las 150 hectáreas valen ambientalmente $98.000 millones en servicios ecosistémicos gratuitos que el CEAMSE destruye a razón de 10 hectáreas por mes cuando opera sin control. La única certeza es que mientras los números crecen, el río muere. La única salida es que la calle arda.
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