La sobrepesca ilegal impulsada por flotas chinas emerge como una de las mayores amenazas a los ecosistemas marinos mundiales. Según informes especializados, esta práctica no solo agota recursos pesqueros, sino que degrada hábitats fundamentales como arrecifes coralinos y fondos oceánicos, poniendo en jaque la biodiversidad marina y la pesca sostenible a escala planetaria.
La expansión de la pesca industrial china ha alcanzado niveles alarmantes. Entre 2022 y 2024, alrededor de 57.000 barcos industriales chinos representaron el 44% de la pesca global visible, acumulando más de 8,3 millones de horas de esfuerzo pesquero en alta mar. Esta flota, la más grande del mundo, opera no solo en aguas internacionales, sino que invade zonas económicas exclusivas de países en desarrollo, donde la capacidad de fiscalización es limitada. Expertos como el economista Noah Smith advierten que "el mundo está capturando demasiados peces", un ritmo que supera la capacidad de renovación de muchas especies.
El problema va más allá de la mera extracción: técnicas destructivas como la pesca de arrastre de fondo —práctica abandonada en naciones como Estados Unidos y Japón— arrasan con los fondos marinos, matando organismos no objetivo y causando daños irreversibles. Estos métodos se sostienen gracias a subsidios gubernamentales del régimen de Beijing, que incluyen exenciones fiscales en combustible, convirtiendo la pesca en un instrumento de política exterior y proyección de poder. Huang Jing, exdirector de la Lee Kuan Yew School of Public Policy, describe a los pescadores chinos como un "personal paramilitar de facto", utilizados para reclamos territoriales en regiones como el Mar de Japón, Corea del Norte, México o Indonesia.
Una investigación de la organización Outlaw Ocean Project revela cifras escalofriantes: de 751 buques calamareros chinos analizados, 357 estuvieron vinculados a violaciones ambientales o de derechos humanos. Más de 100 operaron ilegalmente, capturando especies protegidas, usando redes prohibidas, falsificando registros o desactivando transpondedores para evadir controles. Este accionar no solo afecta a comunidades costeras y pescadores artesanales en América Latina y África, sino que traslada el impacto ecológico a consumidores globales. En Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de los productos marinos son importados, con China como principal proveedor.
Mientras China ha implementado medidas para reducir la sobrepesca en sus aguas internas —motivada por preocupaciones ecológicas y económicas—, su comportamiento en el exterior contrasta drásticamente. Organizaciones como Oceana y Greenpeace han denunciado esta doble moral, aunque el foco ambientalista parece haber disminuido, dejando espacio a críticas desde sectores de política internacional. La degradación de hábitats oceánicos avanza silenciosamente, sin la presión pública que merecen víctimas invisibles como la vida marina.
Frente a este escenario, se proponen soluciones radicales: una prohibición mundial de la pesca de arrastre de fondo sin excepciones, la eliminación de subsidios que la sustentan, y mecanismos como la autorización a particulares para incautar barcos ilegales en aguas soberanas, reminiscentes del corsarismo histórico. Sin acciones concertadas, el deterioro de los ecosistemas marinos podría volverse irreversible, afectando no solo la biodiversidad, sino la seguridad alimentaria global.
