En Rosario comenzó el juicio histórico contra siete productores y dos funcionarios por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino: glifosato en sangre, cánceres multiplicados y familias envenenadas claman justicia. El agronegocio enfrenta por primera vez el banquillo penal en el corazón de la soja argentina. ¿Se acabará el silencio tóxico?
Pergamino, la perla del norte que agoniza envenenada. Donde la soja transgénica prometió riqueza eterna y entregó muerte lenta, un tribunal federal está escribiendo la página más oscura y necesaria del modelo agroexportador argentino. Nueve hombres —siete productores, un ingeniero y dos funcionarios— enfrentan la justicia por contaminar con agrotóxicos el aire, el agua y la sangre de familias enteras. Este no es un juicio más: es el primer gran banquillo del agronegocio en el corazón mismo de la pampa sojera.
Sabrina Ortiz habla y la sala contiene la respiración. No lee un expediente: cuenta cómo perdió un embarazo de seis meses tras una fumigación, cómo sufrió dos ACV, cómo su hijo Ciro lleva 120 veces más veneno del que un cuerpo humano puede soportar y su hija Fiamma 100 veces más. “Esto es lo que está explotando el cuerpo de tus hijos”, le dijo la toxicóloga. Y ella no pudo huir. No tenía dinero. Mientras tanto, los aviones seguían soltando muerte sobre su techo.
Alejandra Bianco, del barrio Santa Julia, hizo lo que el Estado jamás hizo: un censo vecinal. Descubrió que el cáncer no era una tragedia aislada en su casa: era una epidemia. Su pareja Sergio murió de cáncer de páncreas e hígado. Más de 40 vecinos enfermos en un solo barrio. Ella misma tiene glifosato en la sangre. El intendente Javier Martínez ni siquiera abrió la carpeta con las historias clínicas que le llevó.
El modelo
Desde 1996, cuando entró la soja RR resistente al glifosato, Argentina pasó de producir 11 millones de toneladas a casi 50 millones anuales. La superficie sembrada se multiplicó por cuatro. El complejo sojero genera más del 40 % de las exportaciones agroindustriales y decenas de miles de millones de dólares cada año. Pero ese oro verde tiene un precio oculto: 580 millones de litros de plaguicidas por campaña, hasta 15 litros de glifosato por hectárea, el mayor consumo per cápita del planeta.
En Pergamino, donde el 70 % de la producción es soja, se aplican 3,1 millones de litros/kilos de agrotóxicos al año. El resultado está medido: 45 plaguicidas en el suelo (con predominio de atrazina, metolaclor, clorpirifos y glifosato), 18 en el agua de red, y el acuífero Puelche —que abastece a varias ciudades— ya contaminado. En los patios de las casas hay más veneno que en los propios campos.
En zonas fumigadas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, la incidencia de cáncer duplica y hasta triplica la media nacional. En pueblos como los que estudió la Universidad Nacional de Rosario, la tasa llega a 397 casos cada 100.000 habitantes contra 212 en el resto del país. Los jóvenes mueren 2,5 veces más de cáncer. Abortos espontáneos, malformaciones, leucemias, linfomas: el listado es largo y aterrador.
El banquillo del poder
Sentados en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario están Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Sabatini, Cristian Taboada, el ingeniero José Luis Grattone, y los exfuncionarios Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini. Se los acusa de envenenamiento (art. 55 Ley 24.051) con penas de hasta 10 años de prisión y de incumplimiento de deberes de funcionario público. Fumigaron a metros de casas y escuelas, ignoraron ordenanzas y medidas cautelares, desaparecieron denuncias.
Este juicio es histórico porque juzga por primera vez en Buenos Aires el entramado completo: productor, fumigador, ingeniero que firma la receta y funcionarios que miraron para otro lado. Porque pone en el banquillo al modelo que durante treinta años se creyó intocable. Porque los cuerpos de Sabrina, de Alejandra, de Paola Díaz —que perdió a su hija de 11 años por leucemia— y de decenas de madres más ya no callan.
El sacrificio humano y ambiental ya ha sido demasiado. Treinta años de silencio, de negación, de “es solo un yuyito”. Ahora los cuerpos hablan. La ciencia acompaña. Y la justicia, por fin, tiene la oportunidad de decir que ninguna actividad económica está por encima de la vida.
El juicio continúa. El miércoles 25 de febrero, después de los feriados de la semana de feriados por Carnavales, declararán los funcionarios imputados. Pero la verdadera sentencia no la dictará solo el tribunal: la dictará la historia. Y la historia, esta vez, tiene nombre y apellido: Pergamino.
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