En un giro decisivo para la preservación de los cielos más limpios del planeta, la empresa AES Andes ha retirado su controvertido megaproyecto INNA, un coloso energético de 3.000 hectáreas que ponía en jaque al Observatorio Paranal, uno de los centros astronómicos más relevantes del mundo en el desierto de Atacama. Esta decisión, que evita impactos irreversibles en la investigación científica y el medio ambiente, resalta la tensión entre el avance de las energías renovables como el hidrógeno verde y la protección de sitios únicos para la observación del universo, un tema clave en la agenda global de sostenibilidad y ciencia.
El anuncio de la cancelación, formalizado a finales de enero, representa una victoria emblemática para la comunidad científica internacional. El proyecto INNA, valorado en unos 10.000 millones de dólares y planeado para iniciar operaciones en 2032, incluía parques eólicos, fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento basados en hidrógeno verde. Ubicado a apenas 5 y 11 kilómetros de los telescopios del Observatorio Paranal —hogar del Telescopio Muy Grande (VLT), el instrumento óptico más avanzado en operación desde hace más de 25 años—, amenazaba con generar contaminación lumínica y electromagnética que podría distorsionar mediciones críticas y reducir la sensibilidad de los equipos.
Astrónomos como María Teresa Ruiz, quien alertó tempranamente sobre los riesgos, celebran el desenlace pero advierten que no se trata de un caso aislado. "Había un temor real de que fuera una jugarreta. Fue una batalla dura", expresó Ruiz, enfatizando la necesidad de una legislación más robusta para proteger estos patrimonios naturales. El Observatorio Paranal, operado por el Observatorio Espacial Europeo (ESO) y respaldado por 16 naciones, ha sido escenario de hallazgos revolucionarios: desde la primera imagen directa de un exoplaneta hasta la confirmación de la expansión acelerada del Universo, logros que dependen de la oscuridad prístina del desierto de Atacama.
La retirada de AES Andes se atribuye a una combinación de factores: la debilidad económica del mercado global de hidrógeno verde, que no sostiene las inversiones masivas requeridas, y la creciente oposición científica y ambiental. Itziar de Gregorio, representante de ESO, subrayó la importancia de la colaboración con autoridades chilenas para salvaguardar estos cielos "irremplazables", esenciales para el avance en la comprensión del cosmos. Expertos como Sergio Lavandero, presidente de la Academia Chilena de Ciencias, calificaron la iniciativa original como "una locura" en un sitio de valor astronómico mundial, mientras que Pamela Poo, de Fundación Ecosur, apuntó a los riesgos geopolíticos que podría generar la afectación a observatorios internacionales.
Este episodio expone las vulnerabilidades de la institucionalidad ambiental en Chile, donde el auge de proyectos energéticos —impulsados por la transición hacia renovables— choca con la preservación de áreas sensibles. A solo 20 kilómetros de Paranal, se erige el futuro Telescopio Extremadamente Grande (ELT) y se planea el CTA-Sur, consolidando al desierto como un polo astronómico global. Sin embargo, la normativa de protección de cielos, vigente desde hace dos décadas, resulta insuficiente ante amenazas difusas como las líneas de transmisión y plantas solares que proliferan en la región.
El Ministerio de Ciencia valoró la decisión en redes sociales, reconociendo el debate generado por el potencial impacto en Paranal. Esta resolución no solo preserva un recurso escaso en un mundo cada vez más iluminado, sino que envía un mensaje poderoso: la ciencia y el ambiente pueden prevalecer sobre megaproyectos industriales si se actúa con visión de futuro. Chile, con su "patrimonio único", tiene ahora la oportunidad de liderar en la armonización entre desarrollo sostenible y exploración cósmica, evitando que sitios como Atacama se pierdan "para siempre", como advierte Ruiz.
