En un proceso judicial sin precedentes en la historia argentina, se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario el juicio oral contra siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios municipales acusados de delitos ambientales y atentado contra la salud pública por permitir y ejecutar fumigaciones con agrotóxicos —principalmente glifosato y otros pesticidas— en campos lindantes a zonas urbanas, violando distancias de resguardo y normativas vigentes.
Iniciado a partir de la denuncia de Sabrina Ortiz en 2018 (tras años de reclamos desde 2011), el caso expone casos graves y documentados de salud en barrios periféricos como Villa Alicia, Santa Julia y otros: cáncer (incluyendo páncreas, huesos, tiroides, linfomas y leucemias), malformaciones congénitas, abortos espontáneos, daños genéticos, accidentes cerebrovasculares (ACV), enfermedades respiratorias crónicas, trastornos endocrinos, autismo en niños y fallecimientos prematuros vinculados a la exposición crónica por pulverizaciones aéreas y terrestres. Palabras clave optimizadas para búsquedas: juicio agrotóxicos Pergamino, cáncer glifosato Pergamino, Sabrina Ortiz denuncia, malformaciones fumigaciones, contaminación salud pública.
La audiencia preliminar rechazó los pedidos de suspensión de juicio a prueba (probation) presentados por varios imputados, abriendo paso a un debate con más de 280 testigos previstos, incluyendo relatos estremecedores de vecinos afectados. La Fiscalía y la querella —liderada por Sabrina Ortiz, quien se recibió de abogada para defender su causa— sostienen que la contaminación es sistemática y no reparable con dinero: "La dignidad no se compra y la justicia no se negocia". Pericias judiciales confirmaron niveles alarmantes de glifosato y metabolitos como AMPA en agua subterránea, lluvia, suelo de plazas y escuelas, así como en organismos humanos (orina y sangre), con casos extremos como el de los hijos de Ortiz: uno con 120 veces el límite tolerable y otro con 100 veces, lo que derivó en tratamientos oncológicos y quimioterapia.
Sabrina Ortiz, figura central de la denuncia, sufrió una intoxicación grave en 2011 tras una fumigación aérea a metros de su vivienda: perdió un embarazo de seis meses (calificado como "nada espontáneo"), padeció dos ACV isquémicos, y tanto ella como sus hijos presentan daño genético y sustancias neurotóxicas en el cuerpo. Relevamientos barriales y testimonios acumulan decenas de casos: 56 enfermos de cáncer en pocas manzanas de un barrio, leucemias en jóvenes, púrpura trombocitopénica en adolescentes, osteomielitis crónica con quistes óseos, abortos, malformaciones en recién nacidos (algunos fallecidos) y múltiples enfermedades respiratorias y neurológicas. Vecinos reportan brotes cutáneos, náuseas, inflamaciones y un patrón de patologías ligado al modelo agroindustrial dominante en Pergamino, "capital del veneno", donde se aplican millones de litros de pesticidas anualmente en cultivos transgénicos de soja.
Este juicio inédito en el fuero federal cuestiona no solo responsabilidades individuales —los imputados incluyen nombres como Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribó— sino el rol de las instituciones en la protección ante un envenenamiento sistemático que prioriza el lucro sobre la salud pública y el ambiente. Una eventual sentencia condenatoria sentaría un precedente nacional clave, impulsando regulaciones estrictas sobre distancias de fumigación, controles y prohibiciones en zonas pobladas, y podría inspirar acciones similares en otros pueblos fumigados del país.
Mientras el debate oral avanza con transmisión en vivo y expectativa alta entre organizaciones ambientales, madres luchadoras y la comunidad, Pergamino clama por verdad y justicia: no se trata de un problema aislado, sino de un sistema que ha convertido barrios enteros en zonas de sacrificio.
