En un contexto de acelerado cambio climático y creciente presión extractiva, la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) avanza en el Congreso y pone en jaque la protección de ambientes glaciares y periglaciares. El Glaciar Perito Moreno, el glaciar más visitado del mundo y símbolo de la Patagonia argentina, enfrenta un retroceso irreversible que se agrava con la posible flexibilización normativa para habilitar proyectos de minería de litio y cobre. El tratamiento final en el Senado está programado para el 10 de febrero de 2026, durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
Datos científicos acumulados por más de tres décadas revelan que el Perito Moreno ha perdido 1,92 km² de superficie en los últimos siete años –equivalente a 320 canchas de fútbol– y su espesor se reduce a ritmos alarmantes, con duplicación de desprendimientos en el último bienio. Expertos como Pedro Skvarca, pionero en su monitoreo desde los años noventa, advierten: "Si se mantienen las condiciones actuales, el proceso de retroceso es irreversible". Lucas Ruiz, glaciólogo del IANIGLA con más de 15 años de estudios, enfatiza que el fenómeno responde al aumento de temperaturas regionales, disminución de nevadas y factores como el desacople de morenas subacuáticas, transformando un equilibrio histórico en deterioro sostenido.
La Ley Nacional de Glaciares, sancionada en 2010 como presupuesto mínimo para preservar estos reservorios hídricos, está en el centro de la controversia. El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado a fines de diciembre de 2025, tras intensos plenarios con exposiciones de científicos del IANIGLA, ambientalistas de FARN, Greenpeace, Aves Argentinas y representantes mineros. Provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy impulsan los cambios para destrabar al menos siete proyectos estratégicos de cobre y litio en zonas vedadas, de un total de 325 en cartera.
La reforma propone redefinir los cuerpos protegidos, limitando la tutela a aquellos con funciones hídricas "reales" y delegando mayor evaluación a las provincias, rompiendo el criterio científico nacional homogéneo. Críticos denuncian una regresión normativa que debilita el inventario técnico, viola el principio precautorio y prioriza intereses económicos sobre la sostenibilidad. El Perito Moreno no solo es un ícono turístico que genera ingresos en El Calafate, sino un regulador hídrico clave para más de siete millones de personas –18% de la población argentina– en regiones áridas golpeadas por sequías crecientes.
"La ley de glaciares no necesita ser cambiada, necesita ser cumplida", sostiene Lucas Ruiz, quien critica que el debate ignore ambientes periglaciales esenciales como glaciares de escombro. En paralelo, el deshielo antrópico acelera la pérdida de masa en todo el país, afectando biodiversidad, turismo y abastecimiento de agua dulce.
Con el 10 de febrero de 2026 como fecha clave para el tratamiento en el recinto, Argentina enfrenta una decisión definitoria: ¿fortalecer la protección de sus reservas estratégicas ante el cambio climático o flexibilizar normas para impulsar el desarrollo minero? El resultado impactará el equilibrio entre economía, medio ambiente y compromisos internacionales, definiendo el legado ambiental del país en una era de crisis hídrica global.
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