Científicos y ecologistas de toda Europa han levantado la voz contra la controvertida propuesta de la Comisión Europea para relajar el control de pesticidas, advirtiendo que esta medida podría perpetuar el uso indefinido de sustancias tóxicas, poniendo en grave riesgo la biodiversidad y la salud pública. En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la contaminación ambiental, expertos señalan que eliminar revisiones periódicas obligatorias equivaldría a ignorar evidencias científicas emergentes sobre daños irreversibles, como el declive de especies y efectos neurológicos en humanos. Esta iniciativa, parte de un paquete de simplificación regulatoria, busca reducir cargas administrativas pero genera un debate encendido sobre si prioriza la economía sobre la sostenibilidad.
La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, plantea eliminar las evaluaciones obligatorias cada 10 o 15 años para la mayoría de fitosanitarios –incluyendo herbicidas, insecticidas y fungicidas–, permitiendo su autorización sin caducidad a menos que surjan nuevas pruebas de riesgo. Solo el 10% de los productos más peligrosos, como aquellos carcinógenos o persistentes sin alternativas, mantendrían controles estrictos. La entidad argumenta que esta flexibilización ahorraría más de 1.000 millones de euros, beneficiando a empresas y administraciones, sin comprometer estándares de seguridad alimentaria, salud y medio ambiente. Sin embargo, esta visión choca frontalmente con la realidad científica: desde 2019, sustancias como un insecticida para cítricos –vetado por daños neurológicos en niños– y un fungicida para cereales –prohibido por contaminación de aguas subterráneas– han sido retiradas gracias a revisiones periódicas.
Más de 200 científicos europeos, coordinados por figuras como Manuel Ortiz Santaliestra del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), enviaron una carta abierta a von der Leyen el 9 de diciembre, calificando la propuesta de "error" y "cambios alarmantes". "Creemos que la propuesta es un error, porque en muchas de estas sustancias es el paso del tiempo el que permite recoger las evidencias científicas de riesgos que no se detectaron al principio", afirmó Ortiz Santaliestra. La misiva destaca cómo esta medida "socavaría de forma drástica la capacidad de la UE para responder a los riesgos que solo se hacen evidentes con el uso generalizado de los pesticidas aprobados", creando lagunas que mantendrían en el mercado productos con "riesgos bien documentados".
Organizaciones como PAN Europe y Ecologistas en Acción se suman al rechazo, enfatizando los impactos devastadores. Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción, subrayó: "Si se aprueban los cambios, la revisión de un producto dependería de una decisión discrecional de la Comisión Europea, no como ahora que hay que hacerlo sí o sí". Los pesticidas son un factor clave en el declive de la biodiversidad, afectando no solo a insectos –incluso aquellos no dirigidos específicamente–, sino también a aves, anfibios, organismos del suelo y mamíferos. En términos de salud, se vinculan a disruptores endocrinos que alteran el equilibrio hormonal, aumentando riesgos de infertilidad, problemas en el desarrollo fetal e infantil, y cáncer. Ejemplos recientes incluyen la retirada en 2024 del herbicida flufenacet para cereales de invierno y el fungicida dimetomorf para vid y patata, tras detectarse contaminaciones persistentes.
Aunque algunos agricultores, como Andrés Góngora de COAG, ven en esta propuesta una "oportunidad" para innovar en controles biológicos y reducir trabas burocráticas, el consenso científico es claro: sin revisiones obligatorias, Europa podría retroceder en sus avances ambientales. Protestas recientes, como la del 2 de diciembre frente a la sede de la Comisión en Bruselas, reflejan el malestar creciente. Mientras el Parlamento Europeo y el Consejo debaten esta iniciativa sin fecha fija, la pregunta resuena: ¿priorizará la UE la protección de la vida sobre la simplificación económica? Esta decisión podría definir el futuro de la sostenibilidad en el continente, en un momento crítico para combatir la crisis climática y preservar ecosistemas vitales.
