En un mundo asediado por el cambio climático, Chile emerge como faro de esperanza para los países en desarrollo, pero un consenso climático forjado con esfuerzo transversal amenaza con desmoronarse. ¿Podrá el país sudamericano mantener su liderazgo en políticas ambientales y energía renovable frente a discursos negacionistas importados? Esta nota explora los riesgos de la inacción en sequía, transición ecológica y economía verde, clave para la COP30 en Brasil y la estabilidad futura de la nación.
Chile ha construido, desde hace más de una década, una reputación inquebrantable como referente global en acciones climáticas audaces. No se trata de un capricho ideológico, sino de una visión estratégica que posiciona la crisis climática como pilar de la estabilidad económica y la competitividad internacional. Gobiernos de distinta extracción política han tejido este consenso transversal, impulsando desde 2009 una estrategia climática moderna que culminó en 2019 con el histórico compromiso de carbono neutralidad –el primero de un país en desarrollo–. Apoyado por análisis del Banco Mundial y el Banco Central, este pacto ha atraído más de 20.000 millones de dólares en inversiones renovables, elevando al 33% la generación eléctrica a partir del sol y el viento.
Sin embargo, vientos contrarios azotan este avance. Discursos importados de negacionismo –"el cambio climático no existe", "actuar es demasiado caro" o "nuestro esfuerzo es insignificante"– resurgen con fuerza, tensionando el delicado equilibrio. Estos argumentos, que no resisten el escrutinio de la evidencia científica ni la realidad económica, ignoran lecciones dolorosas como la crisis energética desatada por la invasión rusa a Ucrania. Chile desembolsó más de 3.000 millones de dólares para subsidiar combustibles fósiles, triplicando el precio de fertilizantes y avivando la inflación, la deuda y la presión fiscal. Países con mayor electrificación, en cambio, demostraron resiliencia frente al caos global.
Los frutos del consenso climático son palpables y transformadores. Santiago presume una de las flotas de buses eléctricos más grandes del mundo, mientras el metro se expande para reducir emisiones. La demanda internacional de litio y cobre –minerales chilenos esenciales para la transición energética– ha detonado oportunidades económicas sin sacrificar el crecimiento. Estudios como el de Swiss Re alertan: sin acción, Chile podría perder hasta el 28% de su PIB hacia 2050, un riesgo sistémico que devoraría empleos, exportaciones y soberanía alimentaria en un territorio hipervulnerable a la sequía y el calentamiento.
El peligro mayor acecha en la politización importada. Mientras potencias exportadoras de fósiles –que representan solo el 20% de la población mundial– buscan retrasar la transición ecológica, naciones como Chile, dependientes de importaciones, ganan al acelerarla. Imitar debates anglosajones que convierten el clima en arma partidista sería un error fatal: la división real no es izquierda contra derecha, sino visión estratégica versus atavismo. El exministro de Hacienda Felipe Larraín, artífice del compromiso de carbono neutralidad, lo vio claro: el clima es un riesgo económico inmediato, y la economía limpia una oportunidad imparable.
Hoy, con la COP30 en Belém asomando en el horizonte –y tras inundaciones que recuerdan la fragilidad global–, Chile no puede permitirse fracturas. Ha forjado alianzas como la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, integrada por más de 90 países y copatrocinada con Finlandia, consolidando un liderazgo que trasciende fronteras. Perder este pacto sería renunciar a la ventaja del siglo XXI: energía limpia, tecnología verde y minerales estratégicos. La pregunta viraliza: ¿elegiremos el futuro o el fósil pasado? El mundo observa, y Chile debe responder con unidad.
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