Hoy se cumple exactamente un año de aquel fallo que dejó un sabor agridulce en el alma tucumana: la condena a Julio José Colombres y José Agustín Colombres, propietarios de la centenaria Azucarera J.M. Terán S.A. –también conocida por su Ingenio Santa Bárbara, fundado en 1884 y adquirido por la familia Terán en 1901–, a pagar 80 millones de pesos por contaminar los ríos Chico y Salí-Dulce. ¿Justicia o indulto pagado? El agua contaminada sigue fluyendo, y con ella, el dolor irreparable de comunidades que beben veneno disfrazado de vida cotidiana. Pero, ¿ha cambiado algo en este año? ¿Sigue la azucarera vertiendo su carga tóxica, o por fin ha implementado procesos para frenar el desastre?
Esta emblemática empresa, pilar de la industria azucarera tucumana desde hace más de un siglo, genera miles de toneladas de azúcar y alcohol al año, impulsando la economía del NOA con su vasto cultivo de caña. Pero detrás de su legado de progreso yace una sombra tóxica: durante años, vertieron efluentes industriales sin tratamiento adecuado, incluyendo vinaza –ese residuo ácido y orgánico de la producción de alcohol, cargado de materia orgánica disuelta, nutrientes excesivos y potencialmente metales pesados como cromo y cobre–, directamente en los cauces vitales del Río Chico y su tributario Salí-Dulce. Estos desechos, que acidifican el agua y agotan el oxígeno, no solo asfixian la fauna acuática –recordemos las cuatro toneladas de peces muertos en 2011–, sino que infiltran napas y ríos, llegando a mesas y cuerpos humanos en forma de cáncer, malformaciones congénitas y trastornos respiratorios que azotan a las familias ribereñas.
El aniversario de esta decisión judicial, dictada en noviembre de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, aviva la rabia contenida de ambientalistas y vecinos. En lugar de barras y estrellas, los Colombres –herederos de un imperio que simboliza tanto orgullo regional como negligencia criminal– optaron por un acuerdo reparatorio que les evita la cárcel. Esa multa de 80 millones, destinada a restaurar ecosistemas y monitorear la calidad del agua, parece un apagón emocional para quienes han visto cómo el veneno silencioso devora generaciones. Imaginen el grito ahogado de una abuela en Las Talitas, diagnosticada con alteraciones hepáticas tras décadas bebiendo de pozos contaminados por estos efluentes; o el terror paralizante de madres en comunidades como Carbón Pozo, donde estudios alertan sobre un aumento en cánceres y problemas neurológicos vinculados a metales pesados en el agua. Reportes de la Universidad Nacional de Tucumán y ONGs como ProYungas documentan estos ecos de sufrimiento: malformaciones en recién nacidos, enfermedades respiratorias crónicas y un riesgo elevado de cáncer en pueblos fumigados y regados con aguas envenenadas, un legado que la vinaza y los residuos industriales han tejido en la carne de Tucumán.
Y en este año transcurrido, ¿qué ha hecho J.M. Terán para redimirse? Como parte del acuerdo judicial, la empresa se comprometió a una reconversión estructural en sus plantas para cumplir con las normativas ambientales vigentes, incluyendo auditorías periódicas que garanticen procesos productivos más limpios y sostenibles. En julio de 2025, el Ingenio Santa Bárbara fue inspeccionado por la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, junto a la Nación y defensorías del pueblo, como parte de controles trimestrales en diez ingenios para prevenir la contaminación de cuerpos de agua durante la zafra. No se reportaron violaciones específicas en esta visita, a diferencia de multas a otros ingenios por vertidos ilegales. Sin embargo, el alivio es frágil: ambientalistas advierten que la ausencia de incidentes públicos no equivale a pureza absoluta, y claman por transparencia total en esas auditorías. ¿Son estas medidas un verdadero escudo contra el veneno, o solo un velo para seguir moliendo caña sin remordimientos? La situación procesal de los imputados, que evadieron un juicio oral con un pago que no borra el daño, hiere como una espina en el corazón colectivo. ¿Cuánto más aguantaremos que gigantes como J.M. Terán, con su historia de innovación y expansión, prioricen ganancias sobre la salud de los suyos? Este caso, eco de la crisis crónica en la cuenca Salí-Dulce, clama por penas que duelan de verdad: fiscalizaciones implacables, cierre de vertederos ilegales y reparaciones que devuelvan no solo el agua limpia, sino la esperanza robada. Tucumán, tierra de caña y lágrimas, merece ríos que nutran, no que envenenen. ¡El reloj del aniversario marca hora de cambio!
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