Un veneno silencioso envenena el arroyo Yaguarón, joya natural de San Nicolás, Buenos Aires, donde el agua, antes pura, ahora lleva la marca mortal de la contaminación. Análisis del Conicet y la Autoridad del Agua (ADA) revelan un escándalo: pesticidas organoclorados prohibidos y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, provenientes de efluentes clandestinos de Atanor, gigante de agroquímicos, contaminan el cauce. El desastre, con costos de remediación de 500 millones de pesos (unos 330,000 dólares), amenaza la salud de 120,000 habitantes y el 40% del agua potable de la región, extraída del río Paraná y el acuífero Puelche. Atanor, filial de Albaugh con ventas de 594 millones de dólares anuales (9,3% del mercado argentino de fitosanitarios), enfrenta multas de 150 millones de pesos y pérdidas proyectadas de 100 millones de dólares por el cierre de su planta, impactando su rentabilidad en un 10-15%. Pero este no es un capítulo aislado. Dicen que se mudará a Rio Tercero (Cordoba) para seguir haciendo lo suyo como en el Paraná, solo que esta vez con un río cordobés. La planta de Pilar (Buenos Aires), sigue como siempre.
Atanor arrastra una cadena de escándalos que datan de décadas, desde vertidos tóxicos en el Riachuelo en 1998 –donde Greenpeace documentó descargas ilegales de desechos que contaminaron 500 hectáreas de suelo y agua, generando costos sanitarios estimados en 200 millones de pesos y afectando a miles de residentes porteños con afecciones respiratorias– hasta el abandono de su planta en Baradero en 2017, dejando un pasivo ambiental de 300 hectáreas contaminadas con arsénico y glifosato, sin remediación total pese a multas de 80 millones de pesos, y un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023 por violaciones al derecho a un ambiente sano, que imputa a la empresa daños en la salud pública y muertes prematuras (al menos 200 casos vinculados a exposición crónica) en el Barrio Química, con demandas pendientes que podrían sumar 500 millones de pesos en indemnizaciones.
Frente a la planta de Atanor, la laguna El Saco, brazo del Yaguarón, es un cementerio líquido. Muestras de 45 puntos en 60 días (mayo-julio 2025) detectaron glifosato (20 veces el límite de 0.7 mg/L), AMPA (1.5 mg/L), clorpirifos (12% de muestras) y atrazina (15%), todos prohibidos por su toxicidad y persistencia de 40 años. También se hallaron fenoles (2 mg/L), SSEE, SAAM, y metales pesados como arsénico (0.05 mg/L) y plomo, excediendo la Ley N° 24.051. Estos contaminantes afectan el 70% del caudal del Yaguarón y 25 km de su curso, dañando el 30% de la biodiversidad local y generando pérdidas de 50 millones de pesos en pesquerías. El flujo entre el Yaguarón y el acuífero Puelche, que varía con el río Paraná (60% del caudal en bajantes, 2,000 m³/día en crecidas), dispersa toxinas a 15 km. Esto contamina el Paraná, fuente de agua para 1.2 millones de personas, con costos de 1,200 millones de pesos en tratamientos y pérdidas agrícolas (25% de cultivos de soja y maíz, 350 millones de pesos en exportaciones). La planta, clausurada en julio de 2025 tras una inspección del 9 de junio que halló una bomba vertiendo 500 litros/hora de efluentes no tratados –similar a vertidos clandestinos previos que violaron órdenes judiciales en 2023–, contaminó 10 hectáreas agrícolas, con pérdidas de 200 millones de pesos. Atanor, con 550 empleados y 88% de costos en insumos importados, enfrenta un alza del 5-8% en costos logísticos, agravada por imputaciones penales a seis directivos por delitos ambientales en la explosión de marzo 2024.
¿Los políticos? Bien, gracias
Esta historia no es de ahora. Tal y como viene informando El Tablero Digital, vivió una sucesión de cierres a instancias de la Justicia. ¿Y los políticos? Bien, gracias. El impacto económico golpea el 15% del PBI agrícola local (2,500 millones de pesos anuales) y 5,000 empleos en agricultura y pesca. La remediación costará 800 millones de pesos en cinco años, y el turismo ecológico (300 millones de pesos anuales) caerá un 20%. Atanor, con 12% del mercado argentino de agroquímicos (1,000 millones de dólares), relocalizará operaciones a Río Tercero y Pilar, invirtiendo 50-60 millones de dólares para mejorar eficiencia en un 15%, transformando San Nicolás en un centro logístico con 20-30 millones de dólares. ¿Adónde están los políticos? Se dice que están de fiesta con semejantes inversiones en ciernes.
El pasivo ambiental de 50,000 toneladas de suelo contaminado exige 400 millones de pesos en remediación, mientras el precedente de Baradero (2017) alerta sobre riesgos de abandono. Albaugh busca un crecimiento del 10-12% en 2026, pero enfrenta demandas por 200 millones de pesos. La contaminación del Paraná, que abastece el 60% del agua potable bonaerense, amenaza con 2,000 millones de pesos en costos sanitarios (6,000 casos de intoxicación) y un estudio de la cuenca (200 km, 100 millones de pesos). El 40% de especies piscícolas del Yaguarón disminuyó, afectando pesquerías de 150 millones de pesos. San Nicolás lucha por sanar su legado tóxico, marcado por la impunidad de Atanor en explosiones, vertidos y fallos ignorados.
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