Nuevos estudios judiciales revelaron niveles críticos de contaminación en el basural a cielo abierto de Luján, el mayor del país, con presencia de sustancias tóxicas como metales pesados, plaguicidas prohibidos y solventes orgánicos en agua, suelo y aire. Los resultados, incorporados a la causa penal que tramita el Juzgado Federal de Mercedes, evidencian un grave riesgo sanitario y ambiental, con posibles efectos como cáncer, daños neurológicos y enfermedades respiratorias.
La investigación, iniciada tras denuncias de vecinos en 2021, confirmó la presencia de contaminantes como amonio, benceno, cobre, plomo, cadmio y plaguicidas como DDT en niveles que superan los límites legales establecidos por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Según los peritos, estas sustancias, clasificadas como peligrosas por su toxicidad, inflamabilidad y reactividad, podrían persistir en el ambiente por décadas, agravando el impacto en la salud de la población y el ecosistema.
Las muestras, recolectadas el 7 de julio de 2023 por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y analizadas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional San Nicolás, detectaron en el agua concentraciones elevadas de amonio, manganeso, cinc, flúor y nitrito, superando los parámetros para consumo humano y protección de la vida acuática. En el suelo, se hallaron benceno, cobre y etilbenceno por encima de los valores aptos para usos agrícolas y residenciales. En el aire, se identificaron hidrocarburos aromáticos policíclicos y material particulado (PM10), partículas que pueden penetrar profundamente en los pulmones y están asociadas a bronquitis crónica, asma y cáncer de pulmón.
El fiscal Carlos Alberto Stagnaro solicitó en tres ocasiones (mayo, junio y octubre de 2024) la indagatoria del intendente de Luján, Leonardo Boto, y otros funcionarios municipales por el volcado ilegal de residuos peligrosos y la falta de controles, pero el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto rechazó los pedidos y asumió la investigación. Según el comisario inspector Alberto Candia, exjefe de Delitos Ambientales de la PFA, la Municipalidad de Luján no ejerce control alguno sobre el ingreso de camiones ni el manejo de residuos tóxicos, lo que facilita la contaminación sistemática.
Un caso alarmante es el de la Escuela Rural Nº 3, donde el agua del grifo mostró niveles de amonio y nitratos que sugieren contaminación microbiológica. El fiscal destacó que el basural no cumple con las condiciones técnicas de un relleno sanitario y que la quema constante de residuos agrava la situación. La falta de medidas efectivas por parte de la Municipalidad, a pesar de las advertencias judiciales desde 2023, pone en riesgo a la población, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad que recolectan materiales en el lugar.
Los peritos recomendaron estudios más exhaustivos para evaluar la presencia de dioxinas y otros contaminantes orgánicos persistentes, así como medidas urgentes para mitigar el daño. El basural de Luján, que opera en infracción a las normativas ambientales, representa un desafío sanitario y ambiental de gran magnitud, con impactos que podrían extenderse por décadas si no se toman acciones inmediatas.
