La Justicia Federal allanó escuelas en el partido bonaerense de General Alvarado tras descubrir agua no apta para consumo en el polo educativo de Mar del Sud, un escándalo que involucra la presunta falsificación de documentos para ocultar la contaminación. Según el Código Alimentario Argentino (CAA), el agua potable debe estar libre de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa en 100 ml de muestra, un estándar violado en este caso, exponiendo a unos 300 a 400 alumnos a riesgos sanitarios graves.
La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando un padre denunció que sus hijos y otros estudiantes del polo educativo —que incluye una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes— sufrieron episodios de gastroenteritis durante el ciclo lectivo 2024. En Argentina, la gastroenteritis aguda afecta a 1 millón de personas al año, con el 50% de los casos en menores de 5 años, lo que equivale a un episodio por minuto en este grupo etario, según datos oficiales.
Alarmadas, las familias gestionaron un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua a través de la cooperadora escolar. Los resultados, revelados el 5 de marzo de 2025, confirmaron la presencia de Escherichia coli (indicador de contaminación fecal) y Pseudomonas aeruginosa, ambas bacterias peligrosas. Estas pueden causar diarrea severa, vómitos y deshidratación, con E. coli vinculada al 72% de los brotes de gastroenteritis no bacteriana en el país y P. aeruginosa asociada a infecciones oportunistas en niños vulnerables.
Encubrimiento y falsificación: los documentos que nunca existieron
Pese a los resultados, las autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado habrían presentado informes falsos que certificaban la potabilidad del agua. En una reunión con familias el 7 de marzo de 2025, exhibieron dos documentos supuestamente elaborados por la Universidad Nacional de Mar del Plata, firmados por una perito química. Sin embargo, el 22 de abril de 2025, el padre denunciante descubrió que la profesional nunca rubricó esos estudios, lo que desencadenó una denuncia en la Justicia Federal.
El fiscal federal Carlos Martínez ordenó allanamientos el 27 de agosto de 2025 en los tres establecimientos educativos y la sede del Consejo Escolar. Se secuestraron teléfonos, computadoras y documentos, incluyendo actas de reuniones y reportes falsos. Los investigadores identificaron a cinco sospechosos: un contratista encargado de limpiar los tanques de agua y cuatro funcionarios del Consejo Escolar, implicados a través de mensajes y audios comprometedores.
Qué sabía el Consejo Escolar
La hipótesis principal de la Justicia es que las autoridades educativas conocían la contaminación del agua —con niveles bacteriológicos que violan el 100% de ausencia requerida por el CAA— y aún así avalaron los documentos falsos para evitar suspender clases y calmar a las familias. Esta decisión puso en riesgo la salud de cientos de niños, en un contexto donde los brotes de gastroenteritis en escuelas argentinas generan un aumento de 20-30% en consultas médicas durante picos estacionales.
Voces de la comunidad y próximos pasos
Docentes y personal de los establecimientos declararon en la causa, que también motivó una suspensión temporal de clases el 6 de marzo de 2025. La investigación busca ahora determinar responsabilidades penales, con posibles cargos por falsificación de documentos y riesgo a la salud pública. La comunidad de Mar del Sud exige respuestas y medidas urgentes para garantizar agua segura en las escuelas.
¿Cómo evitar que esto se repita?
Este caso resalta la necesidad de controles rigurosos en la calidad del agua escolar y la transparencia en la gestión educativa. Mientras tanto, las familias esperan justicia y soluciones concretas para proteger a sus hijos.
