En un mercado de créditos de carbono que acelera su expansión global, con estimaciones que sitúan el segmento voluntario entre USD 1.700 y 5.720 millones para 2026 —y proyecciones que lo multiplican hasta USD 47.500 millones hacia 2035—, las empresas y países como Argentina deben priorizar proyectos con impacto ambiental real. Iniciativas como el manejo forestal mejorado (IFM) destacan por su secuestro inmediato de carbono y protección de biodiversidad, en un contexto donde la demanda corporativa de descarbonización impulsa un crecimiento explosivo contra el cambio climático y la deforestación.
El mercado voluntario de créditos de carbono consolida su maduración: valorado en torno a USD 1.600-4.000 millones en 2025, se proyecta un salto a USD 2.290 millones en 2026 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,5%, según informes especializados. Otras fuentes elevan la cifra a USD 5.720 millones para ese año, con tendencias hacia una "huida hacia la calidad" que favorece créditos verificados y de alto valor. En el primer trimestre de 2025 ya se emitieron 55,63 millones de créditos y se retiraron 54,56 millones, cerrando la brecha a solo 1,9% —una mejora drástica respecto al 51,8% del año anterior—. Para 2030, el mercado podría multiplicarse por 7 a 12 veces, y hacia 2050 hasta 83 veces, impulsado por compromisos net-zero empresariales.
Las soluciones basadas en la naturaleza (NBS) lideran el panorama, pero con claras jerarquías de impacto. Los proyectos REDD+ —reducción de emisiones por deforestación y degradación— han representado históricamente dos tercios de las compensaciones por uso de suelo, con un costo promedio de USD 24,87 por tCO2e y una reducción efectiva de deforestación del 30% en áreas protegidas. Sus precios podrían llegar a USD 15 por crédito en 2028, con retiros que alcanzaron el 30% del total en 2023.
Los proyectos ARR (forestación, reforestación y revegetación) han emitido cerca de 80 millones de créditos, con el 60% ya retirados y precios que tocaron USD 24 por tonelada en 2025. Sin embargo, solo el 35% restaura ecosistemas nativos genuinos, enfrentando riesgos de menor biodiversidad y resiliencia, con evaluaciones reales que demandan 20-40 años.
En la cima de la calidad, los proyectos de Manejo Forestal Mejorado (IFM) capturan carbono desde el primer día en bosques degradados, con el 93% de emisiones originadas en Norteamérica y fuerte registro en estándares como Climate Action Reserve. Ofrecen impacto inmediato, permanencia superior y salvaguarda de especies endémicas, aunque con mayores complejidades operativas.
Para Argentina, el potencial es transformador: capturando solo el 5% del mercado global hacia 2030 podría atraer USD 2.200 millones en inversiones, mientras que desarrollar proyectos en el 10% de la superficie agropecuaria y forestal generaría ingresos por más de USD 9.000 millones. Estimaciones recientes indican que el país podría emitir al menos 131,4 millones de créditos anuales desde el agro y bosques, traduciéndose en ingresos por exportaciones de entre USD 1.400 y 3.900 millones por año en mercados voluntarios y de cumplimiento. Acceder a precios 80% superiores en mercados regulados potenciaría aún más estos flujos, posicionando al país como jugador clave en un sector que exige estándares más estrictos en 2026.
La estrategia es inequívoca: priorizar IFM para impacto y calidad inmediata, seguido de REDD+ para protección urgente y ARR como regeneración a largo plazo. En un mercado donde la credibilidad climática define el valor —y cada tonelada compensada cuenta—, las decisiones alineadas con datos reales no solo combaten el calentamiento global, sino que convierten la sostenibilidad en una oportunidad económica estratégica
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