En un giro drástico que amenaza la soberanía tecnológica y energética de Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por el aparente desmantelamiento de la política nuclear histórica, un sector que posicionó al país como vanguardia en América Latina. Palabras clave como recortes presupuestarios nucleares, inversión energética Argentina, estadísticas generación nuclear y impacto económico desmantelamiento destacan el contraste entre promesas de liderazgo global y la realidad de proyectos paralizados, ajustes fiscales drásticos y escándalos que erosionan el futuro productivo, con datos que revelan una caída del 20% en la generación nuclear en el último año y recortes millonarios que comprometen miles de empleos.
La política nuclear argentina, forjada desde la década de 1950, ha sido un pilar de autonomía y desarrollo económico. Argentina, junto a Brasil, ostenta capacidades únicas en la región para manejar el ciclo completo de combustible nuclear, incluyendo la construcción de la primera central atómica en América Latina, Atucha I. Este legado permitió avances innovadores como el reactor modular CAREM, con un avance del 60% y una inversión aproximada de 700 millones de dólares, ahora paralizado en medio de la crisis. Históricamente, el sector ha contribuido con alrededor del 10% de la electricidad nacional, alcanzando un récord de participación del 11% en periodos pico, como en abril de 2020, con inversiones que superaron los 2.149 millones de dólares en extensiones de vida útiles. En 2024, la energía nuclear representó el 7,4% de la electricidad suministrada, con una producción de 10.449 GWh, pero las cifras recientes muestran un declive preocupante.
Anunciado con bombos y platillos en la Casa Rosada, el Plan Nuclear prometía tres fases ambiciosas: la construcción de cuatro reactores modulares en Atucha para 2030, la exportación de mineral de uranio y el montaje de servidores de IA en la Patagonia. A más de 400 días de su lanzamiento, no hay avances concretos. Expertos señalan la inviabilidad de los plazos, la ausencia de planificación estratégica con provincias –dueñas constitucionales de los recursos naturales– y la falta de licencias ambientales y sociales. En términos económicos, el plan de acción para Nucleoeléctrica en 2025 estimaba inversiones por 240.000 millones de pesos, con un resultado económico positivo proyectado de 23.000 millones, pero estos objetivos chocan con la realidad de ajustes. De hecho, en 2025, Nucleoeléctrica proyectó inversiones superiores a 258.000 millones en obras estratégicas, incluyendo 225.741 millones para la extensión de vida de centrales, lo que generó un récord histórico de producción neta de 10.760.572 MWh. Sin embargo, la Central Nuclear Embalse alcanzó 5.352.203 MWh en 2025, superando marcas previas, mientras que el sector en su conjunto vio una caída del 20% en generación interanual, pasando de 990,2 GWh a 789,2 GWh en periodos comparables.
Mientras potencias como Estados Unidos bajo Trump invierten en nuevas tecnologías nucleares, y Francia cubre el 60% de su matriz energética con esta fuente –incluso renacionalizando su operadora EDF–, Argentina aplica ajustes presupuestarios severos. El gobierno dispuso un recorte de 30.000 millones de pesos a Nucleoeléctrica en pleno debate presupuestario para 2026, sumado a una disminución del 65% en el presupuesto para actividades centrales desde la asunción de Milei. El Presupuesto Nacional 2026 asigna solo el 4,4% del gasto a la función Energía, Combustibles y Minería, con una tasa regulatoria anual de 10.437 millones de pesos abonada principalmente por Nucleoeléctrica. Estos recortes impactan directamente en el empleo: la extensión de vida de centrales como Embalse generó 2.000 puestos de trabajo con una inversión de 450 millones de dólares, pero la precarización actual acelera la fuga de cerebros y un retroceso tecnológico que podría costar miles de millones en dependencia futura.
"Lo único que podemos observar hasta ahora respecto a la rentabilidad en materia nuclear son los sobreprecios e irregularidades", ironiza el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, al referirse a un escándalo en la licitación por servicios de limpieza en las centrales Atucha y Embalse, que derivó en la remoción de dos funcionarios. Este desmantelamiento no solo contradice las promesas de liderazgo global en energía nuclear pacífica, sino que expone un abismo entre discurso y acción, con impactos económicos que incluyen la potencial privatización de activos valorados en millones, como la transacción de IMPSA por 25 millones de dólares, considerada una subvaloración estratégica. En un contexto global donde la nuclear se erige como instrumento clave para la transición energética, Argentina discute con slogans vacíos, arriesgando su soberanía y un costo económico proyectado en pérdidas de productividad y dependencia importadora. ¿Podrá revertirse este camino antes de que sea demasiado tarde?
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