Rechazo masivo al hidrógeno verde en Paysandú por el riesgo de explosivos letales. Además se prevé la tala de 33 hectáreas de bosque nativo y la contaminación transfronteriza amenazan el río Uruguay en mega planta de HIF de 6.000 millones de dólares.
Una mega inversión de 6.000 millones de dólares promete 3.200 empleos pico y dominio global en energías limpias, pero esconde riesgos explosivos letales, deforestación masiva y controversias ardientes en Chile con la misma.
En un enfrentamiento épico que evoca las guerras pasadas por el río Uruguay, el gobierno uruguayo sella un nuevo Memorándum de Entendimiento con la multinacional HIF Global para levantar una planta monumental de e-combustibles e hidrógeno verde en Paysandú. Esta megaestructura, la inversión privada más grande de la historia nacional, aspira a producir cientos de miles de toneladas anuales de combustibles sintéticos neutros en carbono, capturando hasta 710.000 toneladas de CO2 biogénico al año con energía eólica y solar. Uruguay, con su matriz eléctrica 97% renovable, se catapulta como vanguardista mundial, proyectando 1.900 millones de dólares anuales para 2040 y más de 30.000 empleos en todo el país. Pero la ira popular explota: denuncian un sitio kamikaze que inmola ecosistemas irrecuperables por un avance de altísimo riesgo.
HIF Global es una empresa multinacional privada de origen chileno, fundada por la generadora de energía AME. Es liderada por su CEO y presidente, César Norton. Desarrolla proyectos para producir e-combustibles sostenibles a nivel mundial, y tiene socios como la empresa japonesa Idemitsu, Porche, EIG (un fondo de inversión global) y Baker Houges (una empresa de servicios energéticos), y la fintech chilena. Xepelin.
Rechazos y explosiones
El Movimiento Sanducero de Participación Ciudadana “Firma por el Río” —colectivo cívico apartidista de vecinos, ambientalistas y organizaciones locales enfocados en defender el río Uruguay y su biodiversidad ribereña— dirige una insurrección implacable. Exigen estudios de impacto exhaustivos y alertan que la Viabilidad Ambiental es solo un preámbulo. Los padrones ribereños, adyacentes al Área Protegida Islas del Queguay, son zona prohibida para una industria de alto peligro.
El hidrógeno, gas ultra inflamable con rango de inflamabilidad entre 4% y 74% en aire y energía mínima de ignición de solo 0.02 mJ, transforma la planta en una bomba ticking. Fugas imperceptibles —su llama es casi invisible y emite poco calor radiante— pueden desatar incendios infernales, explosiones devastadoras o derrames tóxicos. En espacios confinados, mezclas explosivas (18-59%) generan sobrepresiones capaces de destruir edificios y propagar ondas de choque letales. Incidentes históricos como la explosión en una planta piloto en Corea del Sur (2019, dos muertos) o fugas masivas en instalaciones industriales demuestran que fallos en membranas de electrolizadores —separando hidrógeno de oxígeno por milímetros— pueden desencadenar catástrofes. Infraestructuras presurizadas, ductos y síntesis de e-fuels elevan el pánico: un escape grande equivale a detonaciones convencionales, amenazando vidas y naturaleza a kilómetros.
La obra arrasaría 33 hectáreas de bosque autóctono, rutas para camiones pesados, tendidos eléctricos, una toma de agua insaciable (450 litros por segundo) y un puerto en área protegida. Efectos acumulativos —químicos, acústicos, visuales, térmicos— cruzarían fronteras, con mitigaciones dudosas ante este titán industrial.
Ahí vienen los chilenos
En Chile, HIF Global lidia con tormentas similares en Magallanes con Haru Oni y proyectos afines. Comunidades claman contra zonas de sacrificio, retiros de evaluaciones ambientales por objeciones masivas, daños a biodiversidad patagónica, mortalidad aviar en eólicos y desorden territorial. Aunque avanza con aprobaciones como Cabo Negro (830 millones de dólares, 1.100 empleos), subsisten alertas por escala gigante, consumo hídrico (desalación contaminante) y riesgos acumulativos, probando que lo "verde" no garantiza inocuidad.
A meros 3,5 kilómetros en Colón, Entre Ríos, la Multisectorial Somos Ambiente convoca multitudes contra esta amenaza turística: chimeneas tóxicas, perjuicio a la salud de 55.000 visitantes estacionales y ecosistemas compartidos en peligro. Caravanas y reclamos diplomáticos demandan traslado.
Apologistas glorifican la transición energética: combustibles sintéticos que reciclan CO2, exportaciones ecológicas y supremacía uruguaya. Sin embargo, la resistencia convoca plebiscitos y firmas para fortificar padrones como reserva, recordando que el río Uruguay es vida compartida, no víctima de ofrendas unilaterales.
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