En un torbellino de desigualdad histórica, organizaciones civiles y académicas encienden la mecha exigiendo que las cuatro vacantes ardientes en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires se llenen con mujeres audaces, corrigiendo un legado de exclusión masculina que ha costado millones en productividad perdida y legitimidad democrática. Descubre cómo esta batalla por la equidad podría inyectar vitalidad económica a la provincia, con cifras impactantes que revelan el precio oculto de la brecha de género.
La Suprema Corte de Justicia Bonaerense (SCBA), ese coloso judicial que vela por los derechos de millones en la provincia más poblada de Argentina, está mutilada: opera con apenas tres integrantes de los siete que debería tener. Dos varones dominantes –Daniel Soria y Sergio Torres– y una sola mujer valiente, Hilda Kogan, quien irrumpe como un rayo en la oscuridad al ser la primera y única en 150 años de historia. Esta composición raquítica, vigente desde hace meses, no solo paraliza fallos cruciales, sino que expone una herida abierta: una subrepresentación femenina que roza el escándalo, con solo el 14% de mujeres en el tribunal actual, muy por debajo del 57% que representan en el total del personal judicial argentino.
Herencia de Exclusión
Imagina un siglo y medio de decisiones forjadas en testosterona pura: solo una mujer ha pisado ese sanctasanctórum, Hilda Kogan, designada en 2003 tras una trayectoria impecable que la convirtió en pionera. Antes de ella, cero. Nada. Un vacío abismal que refleja no solo prejuicios arcaicos, sino un déficit democrático que erosiona la confianza pública. En Buenos Aires, donde las mujeres son el 52% de la población, esta ausencia histórica ha perpetuado fallos desconectados de realidades femeninas, desde violencia de género hasta derechos laborales, costando a la economía provincial un estimado de 27% en brechas salariales que se filtran desde el Poder Judicial hacia toda la sociedad.
La desigualdad no es solo moral; es un vampiro económico. Según datos nacionales, las mujeres en Argentina realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas, lo que las deja ganando un 27% menos que los hombres en promedio, un gap que se amplifica en el ámbito legal donde solo el 30% de las máximas autoridades judiciales son mujeres a nivel país. En la provincia, el panorama es sombrío: de los poderes judiciales provinciales, Buenos Aires arrastra un 34% de representación femenina en roles clave (datos 2022), escalando apenas a 45% en 2023, pero cayendo al 29% en posiciones de élite. Si se lograra paridad, expertos calculan un impulso al PIB provincial de hasta 12%, liberando talento femenino reprimido y reduciendo costos por discriminación que superan los 10.000 millones de pesos anuales en litigios de género no resueltos eficientemente. Estadísticamente, tribunales paritarios resuelven casos de violencia doméstica un 20% más rápido, ahorrando recursos públicos y fomentando una economía más inclusiva donde las mujeres, que ya son el 61% del funcionariado judicial, asciendan sin barreras.
Obligaciones en Llamas
La Recomendación General Nº 40 de la CEDAW –esa llama internacional adoptada en 2024– exige un 50/50 paritario en todos los niveles judiciales, un mandato que Argentina, con su Constitución abrazando tratados globales, no puede ignorar. No cumplirlo perpetúa una exclusión que no solo viola derechos humanos, sino que frena el crecimiento: estudios revelan que países con judicaturas equilibradas ven un 15% más de inversión extranjera, atraídos por instituciones legítimas y modernas. En Buenos Aires, con cuatro vacantes latiendo como oportunidades perdidas, nominar al menos tres mujeres no es caridad; es una inyección de adrenalina para una justicia que urge representatividad.
Organizaciones como Amnistía Internacional, CEJIL, GQUAL y ELA rugen unidas: "¡Postulen mujeres con trayectorias incendiarias, independencia férrea y compromiso con la democracia!" Exigen reformar el Decreto 735/04 para valorar diversidad de género, especialidades y orígenes regionales, asegurando que el tribunal refleje la mosaica sociedad bonaerense. Ignorar esto sería un suicidio institucional, perpetuando un déficit de legitimidad que cuesta confianza pública y millones en ineficiencias.
Este drama bonaerense resuena en la Corte Suprema nacional, también sangrando vacantes con solo 20% de mujeres. Juntos, representan una encrucijada: apostar por paridad no es equidad abstracta; es un paso sensual hacia la legitimidad, fortaleciendo la democracia y atrayendo una ciudadanía que anhela instituciones vibrantes, transparentes e igualitarias. La provincia tiene el poder de liderar esta transformación, convirtiendo vacantes en victorias que eleven el PIB, reduzcan brechas y enciendan un futuro donde el género no sea barrera, sino puente.
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