Un operativo conjunto entre organismos santafesinos, nacionales y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) destapó a principios de septiembre una situación alarmante en dos predios rurales de Pozo Borrado, en el norte de Santa Fe, cerca del límite con Santiago del Estero. Treinta y un trabajadores, incluidos dos menores, fueron encontrados en condiciones de extrema precariedad, viviendo en campamentos improvisados, durmiendo en el suelo, sin acceso a agua potable, baños ni servicios básicos. Según la investigación, uno de los campos pertenece a La Isabelina SA, una sociedad ligada a directivos y propietarios del quebrado emporio agroexportador Vicentin.
¿Qué es Vicentin y a quiénes pertenece?
Vicentin SAIC es una de las mayores agroexportadoras de Argentina, fundada en 1929 en Avellaneda, Santa Fe. Durante décadas, la empresa se consolidó como un gigante del sector agroindustrial, especializándose en la producción, procesamiento y exportación de granos, aceites y subproductos derivados de la soja y otros cultivos. Sin embargo, en diciembre de 2019, Vicentin entró en una crisis financiera sin precedentes al declarar un “estrés financiero” que derivó en un default con deudas superiores a los 1.500 millones de dólares. En febrero de 2020, solicitó su concurso preventivo de acreedores, un proceso que aún sigue en curso con múltiples complicaciones legales.
La empresa es controlada por la familia Vicentin, junto con otros socios históricos como las familias Padoan y Buyatti. Entre los principales nombres asociados a su dirección están Máximo Padoan, Cristian Padoan, y Roberto Joaquín Vicentin, quienes han ocupado roles clave en Vicentin SAIC y en otras sociedades relacionadas, como La Isabelina SA. Estos apellidos han sido recurrentes en las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras y ahora, en el caso de explotación laboral en Pozo Borrado.
Condiciones de esclavitud moderna
Los trabajadores, algunos de ellos analfabetos y sin documentos de identidad, enfrentaban jornadas extenuantes de 10 horas diarias, de lunes a lunes, por un pago de 300 mil pesos quincenales, de los cuales se les descontaba el costo de la comida. Vivían en carpas precarias, sin acceso a agua potable ni instalaciones sanitarias, usando tachos para sus necesidades básicas. Según informó la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Gustavo Onel, muchos de los trabajadores, oriundos de Santiago del Estero, no tenían posibilidad de abandonar el lugar ni medios de comunicación.
El caso salió a la luz tras una denuncia del Arca (ex Afip) y una inspección realizada junto al Renatre. Los operativos, liderados por la Policía de Investigaciones (PDI), contaron con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Además de la explotación laboral, se detectaron prácticas de desmonte ilegal en bosques nativos de categoría 2, cuya explotación está prohibida por la Ley de Bosques.
Los nombres detrás de La Isabelina SA
El campo en cuestión, de más de 5.300 hectáreas, pertenece a La Isabelina SA, una sociedad presidida por Federico Castellarin, con Tomás Nahuel Moschen Padoan como vicepresidente y Roberto Joaquín Vicentin y Carina Leticia Galarza como directores, según consta en el Boletín Oficial de la Nación del 22 de julio de 2025. Estos apellidos están directamente relacionados con el escándalo financiero de Vicentin, la agroexportadora que entró en default en 2019 y enfrenta múltiples causas judiciales.
Máximo y Cristian Padoan, ex directivos de La Isabelina SA, fueron imputados en marzo de 2025 junto a otros 13 directivos de Vicentin por administración infiel y desvío de fondos por más de 890 millones de pesos. Estos fondos, según los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, fueron utilizados para pagar abogados y fianzas judiciales. Además, Máximo Padoan figura entre los 23 convocados por el juez federal Julián Ercolini por una defraudación al Estado nacional por 264 millones de dólares en créditos incobrables del Banco Nación.
Un historial de irregularidades
La investigación también revela que en 2023, los fiscales Moreno y Narvaja imputaron a Máximo Padoan por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar a productores, clientes y bancos mediante balances falsos que ocultaban la crítica situación financiera de Vicentin. La empresa, que en diciembre de 2019 declaró estar bajo “estrés financiero”, solicitó en 2020 su concurso preventivo de acreedores, un proceso que aún continúa con dilaciones.
Un llamado a la justicia
La causa por trata laboral y las condiciones infrahumanas de los trabajadores en Pozo Borrado está en manos de la Fiscalía Federal de Rafaela, que avanza en la investigación de La Isabelina SA y sus responsables. Este caso pone en el centro del debate no solo las prácticas laborales de las empresas vinculadas a Vicentin, sino también el impacto ambiental de sus actividades, como el desmonte ilegal. La sociedad espera respuestas firmes de la Justicia para garantizar que estas violaciones a los derechos humanos y al medioambiente no queden impunes.
