Brasil, el mayor exportador mundial de soja, enfrenta un nuevo desafío ambiental tras la decisión del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de suspender la moratoria que prohibía la compra de granos provenientes de tierras deforestadas en la Amazonía y el Cerrado.
Esta medida, implementada en 2008 por una treintena de gigantes exportadores bajo presión del mercado europeo, había logrado reducir significativamente la deforestación en las zonas incluidas, según organizaciones ambientalistas.
La moratoria, un acuerdo voluntario del sector empresarial, fue clave para evitar la pérdida de al menos 900.000 hectáreas de selva amazónica entre 2006 y 2016, según un estudio publicado en Nature en 2020. Además, entre 2009 y 2022, la expansión de la soja, que creció más de un 300%, se concentró principalmente en pastizales, evitando en gran medida la tala de bosques. Sin embargo, la reciente decisión del CADE, que considera que el acuerdo vulnera la libre competencia, podría revertir estos avances. Las empresas tienen 10 días para desvincularse del pacto, bajo amenaza de fuertes multas.
Mariana Gameiro, asesora de la ONG Mighty Earth, calificó la decisión como “terrible” y advirtió que podría liberar cerca de 1 millón de hectáreas de la Amazonía para la producción de soja, incrementando el riesgo de deforestación en nuevas regiones. “La moratoria ha sido un pilar fundamental en el esfuerzo global por prevenir la deforestación impulsada por la soja”, señaló la organización en su sitio web.
El Ministerio de Ambiente de Brasil expresó su preocupación, destacando los “resultados innegables” de la moratoria para la protección ambiental. Por otro lado, Aprosoja, la principal asociación de productores de soja, celebró la suspensión, argumentando que restaura la “seguridad jurídica” para miles de productores que cumplen con las leyes ambientales, pero enfrentaban restricciones para exportar.
Gameiro denunció que la moratoria ha sido atacada constantemente, especialmente en los últimos años, por agricultores y legisladores ligados a la agroindustria, muchos de los cuales son productores agrícolas y forman parte de grupos de presión opuestos a las leyes ambientales. “Existen diputados y senadores que también son productores y que buscan vender más productos, sumándose a la presión contra la moratoria”, explicó a RFI.
Pese a la decisión del CADE, los ambientalistas instan a las empresas a mantener individualmente su compromiso con una soja libre de deforestación. “Cada empresa puede seguir sus propias políticas de protección de la naturaleza. Las empresas europeas pueden exigir comprar soja que no provenga de la deforestación. Pedimos que preserven la moratoria”, insistió Gameiro, subrayando la importancia de la presión internacional para proteger los ecosistemas brasileños.
