El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave en su agenda de desregulación al enviar este jueves 26 de marzo de 2026 al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa que propone derogar más de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes, con el fin de simplificar el sistema legal argentino y reducir drásticamente la burocracia.
Impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la denominada Ley de Derogación de Legislación Obsoleta retoma un proyecto presentado originalmente en 2024 que no logró avanzar en el período legislativo anterior. Según los fundamentos oficiales, la acumulación descontrolada de leyes a lo largo de décadas ha generado un ordenamiento jurídico complejo, contradictorio y de difícil aplicación, que genera incertidumbre jurídica, eleva los costos de cumplimiento para ciudadanos y empresas, y actúa como una barrera real para el desarrollo económico.
“La proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, destacan los considerandos del proyecto. Muchas de estas disposiciones responden a contextos históricos, económicos y sociales ya superados, han perdido vigencia práctica o han sido reemplazadas por normativa posterior. Entre las normas apuntadas se encuentran leyes sancionadas durante distintos gobiernos del siglo XX —incluyendo períodos militares y democráticos—, algunas desde el siglo XIX, regulaciones superadas por avances tecnológicos (como las referidas a transmisión televisiva analógica) y disposiciones sanitarias o restrictivas que ya no se ajustan a estándares actuales de derechos fundamentales.
El objetivo central de la Ley Hojarasca no se limita a la eliminación puntual de estas 70 normas: busca sentar un criterio racional y dinámico para evitar en el futuro la acumulación desordenada de regulaciones. El Gobierno sostiene que un marco normativo claro, accesible y eficiente es esencial para fomentar la actividad económica, optimizar la gestión pública, reducir ineficiencias operativas y costos administrativos, y garantizar el pleno ejercicio de las libertades individuales y la propiedad privada.
Especialistas en derecho y sectores productivos han señalado que la sobrerregulación obliga a empresas y ciudadanos a navegar un entramado normativo innecesario, lo que aumenta los costos operativos y desincentiva inversiones. Con esta medida, el Ejecutivo busca eliminar distorsiones históricas y avanzar hacia un Estado más ágil y previsible.
La iniciativa se enmarca en la estrategia integral de desregulación del Gobierno de Milei, que prioriza la reducción de la intervención estatal innecesaria y la lucha contra la hojarasca normativa que, según el oficialismo, ha asfixiado durante años el potencial productivo del país. Sturzenegger, considerado el principal artífice de esta política, ha enfatizado en ocasiones anteriores que “todo lo que está permitido por la Constitución no necesita leyes específicas”.
Ahora el Congreso deberá debatir este proyecto que promete marcar un hito en la modernización del sistema legal argentino. De aprobarse, representaría un avance concreto hacia la simplificación jurídica, la transparencia y la eliminación de trabas burocráticas que limitan el crecimiento y la generación de empleo.
