Un nuevo estudio de ILGA-Europa revela que los crecientes ataques contra la comunidad LGTBI han derivado en una supresión sistémica de las libertades individuales y de la disidencia en todo el continente, utilizando leyes restrictivas que ya no solo afectan al colectivo sino que erosionan los derechos democráticos fundamentales de la sociedad en su conjunto.
El último informe anual de ILGA-Europa, que agrupa a más de 700 organizaciones de 54 países, advierte de un preocupante viraje: lo que comenzó como campañas contra la comunidad LGTBI se ha convertido en una estrategia de supresión sistémica que amenaza las bases mismas de las democracias europeas. Según el documento, herramientas como leyes de “propaganda”, controles sobre financiación extranjera de ONG y restricciones al derecho de asamblea se aplican a gran escala, reformulando quién puede participar en la vida pública.
“Las salvaguardias de derechos humanos establecidas tras la Segunda Guerra Mundial están ahora seriamente en riesgo”, denuncia Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA-Europa. La experta subraya que “esto no es una cuestión de ideología, sino de personas reales que están siendo perseguidas”. El informe detalla cómo, en la última década, la propaganda, la búsqueda de chivos expiatorios y la desinformación han derivado en leyes que criminalizan y silencian, convirtiendo al colectivo LGTBI en “un campo de pruebas” para medidas que luego se extienden a toda la disidencia.
Entre los casos más graves destaca Hungría, donde en 2025 se prohibió por ley primaria la marcha del Orgullo, convirtiéndose en el primer país de la UE en vetar una asamblea LGTBI. La fiscalía incluso anunció cargos contra el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por organizar el evento pese a la prohibición del Gobierno de Viktor Orbán. Además, enmiendas constitucionales definen el sexo como “característica biológica determinada al nacer”, eliminando de facto la existencia legal de personas trans, intersexuales y no binarias.
En Alemania, el canciller Friedrich Merz impidió que la bandera arcoíris ondeara en el Bundestag durante la conmemoración del Orgullo, argumentando que el hemiciclo “no es una tienda de circo”. Medidas similares contra el lenguaje inclusivo se replican en Austria y en regiones españolas donde Vox ejerce influencia, según el estudio.
El informe de ILGA-Europa coincide con un reciente análisis de la relatora especial de la ONU Gina Romero, que habla de “amenazas existenciales” al derecho de reunión pacífica y asociación. “Aunque parezcan pasos pequeños, son primeros pasos para decir que esta gente no existe y que no deberían ser reconocidas”, alerta Hugendubel. El riesgo, subraya, es un “colapso democrático rápido y peligroso” si los líderes europeos no actúan con urgencia.
Pese al panorama sombrío, el documento también recoge señales de resistencia que alimentan el optimismo: el rechazo en el Parlamento canario a la derogación de la ley trans propuesta por Vox, la aprobación en Cataluña de una norma contra la lgtbifobia, la eliminación en Polonia de las últimas “zonas libres de LGTBI” y el plan de acción danés para mejorar la atención sanitaria al colectivo.
ILGA-Europa concluye con un llamamiento claro: sin una respuesta decidida de las instituciones, la supresión sistémica de libertades individuales iniciada contra la comunidad LGTBI se extenderá sin control, poniendo en jaque el futuro democrático de todo el continente.
